La lucha contra la corrupción en Finlandia (3/7)

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LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LA EXPERIENCIA FINLANDESA (3/7)

Fuente: Revista Envío (Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica). Número 289

ESTRUCTURAS LEGISLATIVAS, JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS

Para prevenir la corrupción también es necesario un amplio sistema de leyes, un poder judicial independiente y que funcione bien, la aplicación eficiente de las leyes, un seguimiento de los abusos y una gestión financiera transparente y actualizada. La Constitución finlandesa estipula que la ley debe garantizar la gobernabilidad.

Las leyes finlandesas proscriben una amplia gama de abusos específicos, que están contemplados como delitos.

Las principales leyes que protegen contra la corrupción son: la Constitución, la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley de Transparencia en Actividades Gubernamentales, el Código Penal, la Ley del Presupuesto Estatal, la Ley de Cuentas, la Ley de Auditoría y la Ley de Adquisiciones Públicas. El sistema jurídico finlandés también incluye la Defensoría del Pueblo, que responde al Parlamento; el Ministerio de Justicia y los Tribunales Administrativos.

El Ministro de Justicia y el Defensor del Pueblo vigilan las acciones de todos los servidores públicos desde los de más alto nivel. Ambos son funcionarios independientes, con autoridad para investigar las acciones de los miembros del Parlamento, de los Ministros y del Jefe de Estado. La eficiencia y el alto perfil público de sus cargos también contribuyen a prevenir abusos.

La Constitución finlandesa exige que el ejercicio de los poderes públicos esté basado en la ley. Cualquier ciudadana o ciudadano insatisfecho con una decisión administrativa concerniente a sus derechos u obligaciones puede cuestionar la legalidad de esa decisión ante un tribunal administrativo. En estos casos, el derecho a apelar está cubierto, especialmente, por las disposiciones de la Ley de Procedimiento Judicial Administrativo, que contiene una disposición según la cual los tribunales administrativos tienen la obligación de garantizar que todos los casos sean examinados debidamente. En un proceso las partes pueden, por lo general, llevar adelante la acción judicial sin ayuda de profesionales del derecho, lo que facilita interponer recursos de apelación y tener acceso a reparaciones judiciales. La Corte Suprema Administrativa es el tribunal de última instancia en casos administrativos.

Finlandia se inspira en una fuerte tradición legalista, que se mantiene mediante requisitos claros de competencia, la obligación de fundamentar públicamente las decisiones, un sistema de correcciones eficiente, métodos actualizados de investigación criminal, así como modernas prácticas presupuestarias, de contabilidad y de auditoria. Estos factores contribuyen a que sea muy posible detectar abusos, con el respaldo que ofrecen el acceso público a los documentos oficiales y la libertad de prensa. La investigación de los delitos con criterios profesionales asegura grandes probabilidades de encontrar y apresar a los autores de actos de corrupción.

La obligación de fundamentar públicamente las decisiones aumenta la transparencia y la confianza pública en la gobernabilidad, y evita que se tomen decisiones parciales y partidistas. El sistema de relatoría establecido desde hace tiempo en la administración pública finlandesa ha servido también para prevenir abusos porque descentraliza los poderes de los servidores públicos. Y la transferencia de poderes a las instituciones subsidiarias ha demostrado ser un medio importante para incrementar la eficiencia del gobierno y evitar los riesgos de la centralización excesiva.

PRESENCIA DE MUJERES EN CARGOS Y DECISIONES

Estudios del Banco Mundial han demostrado que existe una correlación entre la representación femenina en parlamentos y altos cargos públicos con niveles más bajos de corrupción y una cultura de rendición de cuentas que contribuye a la gobernabilidad, lo que destaca la importancia de la equidad de género en la prevención de la corrupción.

Durante mucho tiempo las mujeres han desempeñado un papel relativamente prominente en la administración pública de Finlandia. En 1906 Finlandia se convirtió en el primer país del mundo en conceder a las mujeres tanto el derecho a votar como el de participar como candidatas en las elecciones. Las 19 mujeres parlamentarias electas en las primeras elecciones celebradas en Finlandia en 1.907 fueron las pioneras en su género en este cargo en todo el mundo.

Finlandia ha mantenido esta posición, siendo el país del mundo con una mayor representación parlamentaria femenina. Más de un tercio de los miembros del Parlamento finlandés y de los consejos municipales son mujeres y lo son casi la mitad de los miembros del actual gabinete. Establecer cuotas de género asegura una representación femenina más equilibrada en todos los niveles del servicio público.

BAJA DISPARIDAD DE INGRESOS Y SALARIOS ADECUADOS

Está probado que cuando los salarios son adecuados y las brechas entre las escalas de ingresos son relativamente pequeñas disminuye la corrupción. Mientras más altos sean los ingresos, mayor será la satisfacción laboral y se reducirá la propensión a aceptar sobornos. Por otra parte, reducir las brechas entre los distintos ingresos le pone un freno a la codicia económica en el desarrollo profesional.

Las comparaciones globales muestran que los salarios de los funcionarios públicos de Finlandia son razonables y que las disparidades de ingresos del país se encuentran entre las más bajas del mundo. La moderación en las disparidades de ingresos entre los servidores públicos finlandeses refleja el patrón general que se da entre los asalariados del país.

La brecha relativamente pequeña en la distribución de ingresos en la sociedad finlandesa se puede atribuir, en gran medida, a la base de valores que comparte la población, que desaprueba profundamente la distribución desigual de la riqueza. El ideal de moderación en los diferenciales de ingresos se manifiesta en Finlandia en un régimen tributario progresivo y en las disposiciones relativas a la seguridad social. En Finlandia, y en cualquier país, los buenos salarios requieren de una economía pública sólida y de un sector empresarial fuerte.

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